CENTROAMÉRICA FRENTE A LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN CONTINENTAL: BALANCE Y PERSPECTIVAS
POR NAYAR LÓPEZ CASTELLANOS;Centroamérica transita por una reconfiguración política a partir de las transformaciones originadas en estos años de posguerra regional, así como por los efectos sociales de la imposición del modelo neoliberal, que ha profundizado los niveles de pobreza y desempleo, al tiempo que los territorios son ocupados por las corporaciones en busca de recursos energéticos, minerales, agua y biodiversidad. A partir de estos cambios estructurales y sociopolíticos, se identifican los parámetros de la incorporación de los países centroamericanos en distintos proyectos comerciales y de integración continental; particularmente, todos pertenecen, salvo Panamá, al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y República Dominicana (DR-CAFTA) y al Proyecto Mesoamérica, (antes Plan Puebla Panamá, en el cual sí está incluido este último país). De forma diferenciada Panamá, Costa Rica y Guatemala buscan incorporarse a la Alianza del Pacífico, nueva iniciativa promovida desde Estados Unidos para reimpulsar el fracasado ALCA; Nicaragua pertenece al ALBA y, junto con El Salvador, Honduras, Guatemala y Belice, a PetroCaribe, proyectos con parámetros en profunda rivalidad con el neoliberalismo en cuanto a los objetivos de las relaciones económicas y comerciales entre las naciones, pues conciben la solidaridad, la reciprocidad y la disminución de las asimetrías para alcanzar el desarrollo de los pueblos. Así, esta ponencia busca analizar los alcances y las contradicciones de la participación económica de esta sub-región, políticamente diversa, en los diferentes procesos de integración y proyectos comerciales a nivel continental, para también comprender el lugar que ocupa en la geopolítica latinoamericana, en el control hegemónico que Estados Unidos mantiene y los desafíos para un desarrollo democrático integral.
ALGUNOS REFERENTES HISTÓRICOS
Luego de un largo y dramático período de conflictos armados, las naciones centroamericanas transitan después de casi dos décadas por un proceso complejo de reconstrucción económica y social y de reconfiguración política en la que despunta la izquierda partidaria, resurgen movimientos populares y se produce un debilitamiento de las fuerzas políticas de la derecha, expresiones o síntomas de la propia crisis del modelo neoliberal.
Esta reconfiguración política manifiesta, lo que han vivido, por su parte, las naciones suramericanas, con procesos de reconversión política, transformación del Estado e integración regional que representan un desafío a la hegemonía imperial de Estados Unidos, sobre todo por sus acciones en favor de su soberanía e independencia. Centroamérica vive también su propia integración, con todas sus contradicciones.
Habrá que recordar que después de la caída del Imperio mexicano en 1823, del cual los países centroamericanos formaban parte como herencia colonial de la llamada Nueva España, se unificaron en una federación bajo el nombre de Provincias Unidas de Centroamérica, terminando su existencia en 1838, ante el predominio de los intereses oligárquicos subregionales y los conflictos de índole diversa, como fueron las propias luchas inter oligárquicas. Después de este período, inicia uno en el que cada nación tendrá su propia dinámica de desarrollo político y económico, invariablemente marcada por la intervención económica y militar de Estados Unidos, de donde deriva el peyorativo adjetivo de repúblicas bananeras, dado el casi absoluto control económico que ejercieron sus empresas, como la UnitedFruit Company.
Panamá, por su lado, se separa de Colombia en 1904, movimiento inducido por Estados Unidos para apropiarse del canal interoceánico, mismo que tuvo bajo su control por décadas y en cuyo territorio instalaron una gran base militar hasta el año 2000, cumpliendo sorpresivamente los tratados Torrijos-Carter firmados en 1977; sin afectar su hegemonía en el istmo.
Centroamérica es en realidad pionera de los procesos de integración en el continente, aunque de alcances limitados, sobre todo, en términos de los beneficios sociales. El impacto que tuvo la guerra que finalmente se vivió de forma regional en un período que podemos ubicar de 1954 a 1996 es definitivamente fundamental para entender la evolución de los procesos de integración de estos países. Hacia el final de este ciclo, se impulsa en 1991 el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), reconocido por la ONU en 1993, e integrado en la actualidad por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice y República Dominicana. El SICA reformula en los hechos al Mercado Común Centroamericano (MCCA), creado en 1960, a partir de la firma del Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica en 1958. Alfredo Guerra-Borges explica la concepción y las formas de la integración centroamericana:
Entre 1958, fecha en que se firmó el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica, y 1980, en que se ingresó al decenio de la turbulencia económica y política, el paradigma dominante de la integración regional fue la industrialización sustitutiva de importaciones. Desde los ochenta, y particularmente desde los noventa, el paradigma ha sido el libre comercio. A la mano invisible de éste, ciega a juzgar por los traspiés con que a menudo trastorna la economía, le ha sido confiado el destino de la integración. En la primera etapa el pensamiento dominante fue desarrollista. En la segunda el desarrollo no se concibe como objetivo político, sino como secreción espontánea y eventual del libre comercio.
También recordemos que en 1951 se crea la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), organismo que en realidad permaneció siempre determinado por las políticas del gobierno estadounidense, pues en términos geopolíticos las naciones centroamericanas estuvieron bajo los designios de los intereses estadounidenses, a través de las dictaduras militares que apoyaron y protegieron en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, las que fueron implacables con los movimientos revolucionarios durante varias décadas.
Después de los conflictos armados, con excepción de Costa Rica, los gobiernos de la región se incorporan de lleno a las políticas neoliberales a través de transformar las instituciones del Estado, profundizando los niveles de pobreza y desigualdad de los pueblos.
LA IMPOSICIÓN NEOLIBERAL
La inserción centroamericana en la globalización neoliberal se inscribe en la concepción que el cubano Gilberto Valdés denomina como Sistema de Dominación Múltiple (SDM), que contempla cinco ejes fundamentales: explotación económica y exclusión social; opresión política en el marco de la democracia formal; discriminación sociocultural; enajenación mediático-cultural; y depredación ecológica, bajo los cuales los proyectos de integración ligados al libre comercio constituyen un complemento trascendental, incluso jugando el papel de entidades supranacionales. Al respecto, el autor sintetiza:
Con la categoría de sistema de dominación múltiple podremos visualizar el conjunto de las formas de la dominación y sujeción, algunas de las cuales han permanecido invisibilizadas para el pensamiento crítico, y favorecer el acercamiento entre diversas demandas y prácticas emancipatorias que hoy aparecen contrapuestas o no articuladas, y evitar de esta forma viejos y nuevos reduccionismos ligados a la predeterminación abstracta de actores sociales a los que se les asignan a priori mesiánicas tareas liberadoras.
Como parte de esta concepción neoliberal, y bajo el dominio estadounidense, los países centroamericanos adoptan dócilmente el Plan Puebla Panamá (PPP) en el año 2001, impuesto desde Washington a través del entonces presidente mexicano Vicente Fox. El PPP fue concebido como un mecanismo para la expansión del capital, el control migratorio y la explotación de recursos naturales estratégicos que existen en estas naciones, aunque su objetivo central radica en utilizar el estrecho territorio del Istmo de Tehuantepec, del sureste mexicano, como un puente terrestre para facilitar el envío de las mercancías estadounidenses hacia el mercado asiático, lo cual se comprueba con la modernización de puertos como los de Poza Rica y Coatzacoalcos, en Veracruz, y el de Salina Cruz, en Oaxaca, así como las carreteras que conectan ambos puntos entre el Golfo de México y el Océano Pacífico.
Como proyecto paralelo llevado a cabo durante estos años en el sigilo mediático, Estados Unidos obtuvo la concesión de la línea de ferrocarril de Kansas al puerto Lázaro Cárdenas (el de mayor profundidad en todo el litoral del Pacífico), para asegurar la transportación barata de sus contenedores hacia el mercado interoceánico, principalmente chino; de ahí la denominación de este eje de transportación como Kansas-Shangai.
El PPP fue renombrado Proyecto Mesoamérica en 2008 por el ex presidente mexicano Felipe Calderón, incorporando a República Dominicana y Colombia; éste último país fue integrado para fortalecer la alianza conservadora y derechista de la región, con Estados Unidos al mando, con el fin de enfrentar la oleada progresista suramericana.
En enero de 2004, ante el inminente fracaso de las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), finalmente corroborado en enero de 2005 en el encuentro de Mar del Plata, Argentina, el gobierno estadounidense logra imponer un tratado de libre comercio a los países de la región llamado DominicanRepublic - Central América Free TradeAgreement (DR-CAFTA), firmado formalmente en mayo del mismo año, entre Estados Unidos, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana, el cual, en su esencia, constituye el acuerdo más desigual del mundo. Basta mencionar sólo un dato en el ámbito de la competitividad comparativa: la economía estadounidense tenía en ese momento un nivel 230 veces mayor que la de toda Centroamérica. El DR-CAFTA no entró en vigor sino hasta enero de 2009, dado el proceso de ratificación de los congresos respectivos, pero sobre todo el tratado se vio interrumpido por la tenaz y patriótica resistencia del pueblo costarricense que obligó al gobierno del entonces presidente Oscar Arias a realizar un referéndum el 7 de octubre de 2007, no obstante se impondría el tratado por un estrecho margen, producto en parte de la manipulación mediática y el chantaje que Washington realizó hacía una parte de los votantes. Claudio Katz, en su obra El rediseño de América Latina. ALCA, MERCOSUR y ALBA, explica el significado de estos proyectos:
Los tratados que vertiginosamente se han firmado con Centroamérica (CAFTA) combinan el modelo de maquila con la exportación primarizada. Bush logró, a mitad de 2005, la aprobación legislativa de estos convenios. Sancionan una asimetría escandalosa con seis economías que no equivalen siquiera al 1% del PIB estadounidense. Los acuerdos incluyen todas las exigencias estadounidenses en materia de propiedad intelectual, compras gubernamentales, aperturas de servicios y facultades de tribunales extranjeros, que no prosperaron con el ALCA. Además, incluyen la construcción de una infraestructura de puertos, canales y carreteras (Plan Puebla-Panamá), rodeada de bases militares de los Estados Unidos y adaptada a las necesidades de las corporaciones estadounidenses.
UN BALANCE NECESARIO
Resulta imprescindible un somero balance sobre el actual contexto político centroamericano, en aras de comprender las diversas posturas de los países de la región frente a los procesos de integración continental y los aspectos prospectivos en el corto y mediano plazo.
Con una mayoritaria alineación económica al modelo neoliberal, y diferenciados grados de fortalecimiento de la institucionalidad y los marcos democráticos, Centroamérica vive hoy lo que se podría considerar una relativa estabilidad política, producto directo de la transición de la posguerra, así como avances de la izquierda en algunos países, con las consabidas "peculiaridades" del caso nicaragüense y la hegemonía de una derecha hondureña de corte cada vez más dictatorial y represivo.
Comenzando con este último país, cabe recordar que en la década de los 80 del siglo pasado la parte sur de su territorio fue base militar de la contrarrevolución nicaragüense, apoyada y financiada por Washington. En la actualidad sufre los efectos de la irrupción golpista, nuevamente con sello estadounidense, que en el 2009 desplazó del poder a Manuel Zelaya, liberal de ideas progresistas que estableció alianzas con el fallecido ex presidente venezolano Hugo Chávez, integró a Honduras en el 2008 a la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y buscó, vía consulta popular, la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Al golpe de Estado, le siguió el fraude electoral de noviembre de 2013, con el que se arrebató el triunfo a la organización derivada de la resistencia anti-golpista, el Partido Libre, que tuvo como candidata a Xiomara Castro, esposa del derrocado presidente. A pesar de ello, este nuevo partido de izquierda, inéditamente, es hoy la segunda fuerza electoral de esta nación centroamericana.
Después dieciséis años de regímenes neoliberales, Nicaragua es gobernada desde 2007, de nueva cuenta, por Daniel Ortega, líder histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). En esta nación, la reforma constitucional aprobada en enero de 2014, permite la reelección presidencial indefinida, lo que en términos prácticos legalizó una violación a la Carta Magna con la que la Corte Suprema de Justicia permitió la candidatura presidencial de Ortega en 2011, dando paso a su tercer mandato. El problema no es la reelección en sí misma, práctica común en muchos países, sino que, en este caso, el pueblo no fue consultado de tan trascendental decisión, como sí se hizo, por ejemplo, en las refundaciones constitucionales de Venezuela, Bolivia y Ecuador, aprobadas por voto popular vía referéndum.
La oposición nicaragüense de derecha está dividida y enfrentada, y según la coyuntura se alía con el orteguismo, tal y como sucedió con el pacto que sellaron hace 15 años Daniel Ortega y el ex presidente neo-somocista Arnoldo Alemán. Por su parte, la disidencia del FSLN, representada sobre todo en el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), no ha logrado construir desde su nacimiento, en 1994, una plataforma programática que dispute la herencia política del sandinismo; mientras tanto, los movimientos sociales y los organismos no gubernamentales que no están bajo la órbita oficialista, se limitan al accionar en sus espacios sectoriales. Así, el orteguismo tiene, por ahora, la vía prácticamente libre.
Es notable la postura pragmática y, en ocasiones, contradictoria de Daniel Ortega frente a los procesos de integración regional. Cuando todavía se encontraba en la oposición, la bancada del Frente Sandinista votó en una primera instancia en contra del DR-CAFTA, pero semanas después, finalmente se incorporó a la negociación de las leyes específicas en torno al tratado, aprobando todo el paquete, junto con los diputados de la derecha neoliberal. Hoy en día, el orteguismo en el gobierno y con el control absoluto de la Asamblea Legislativa, continúa sosteniendo los mecanismos neoliberales vigentes, el DR-CAFTA y el Proyecto Mesoamérica. Asimismo, antes de arribar a su segundo mandato, en 2007, Ortega ya tenía acuerdos comerciales con Venezuela, desde los municipios gobernados por el FSLN. Así, por un lado se reivindica la solidaridad, la integración para el desarrollo social y el antiimperialismo a través del ALBA-TCP y, por otro lado, se compromete la soberanía nacional acatando las reglas de libre comercio impuestas por Estados Unidos, dejando en una cierta indefinición el modelo de desarrollo nicaragüense, aunque es significativo que la clase empresarial de este país se encuentra muy satisfecha con tan peculiar situación, pues además de todo, un sector importante de ella forma parte de una de las corrientes predominantes dentro del FSLN, conocida como Bloque de Empresarios Sandinistas, muchos de ellos surgidos a partir de la tristemente célebre piñata sandinista. La posible construcción del canal interoceánico, a través de una concesión a un empresario chino, viene a complejizar el ambiente político de Nicaragua. Los impactos ambientales y los efectos sociales y económicos que este proyecto tendría, son parte de un intenso debate, que rebasa las fronteras de este país.
Con respecto a Costa Rica, la inédita participación del izquierdista Frente Amplio irrumpe en el dominio tradicional de la socialdemocracia, ahora transformada en neoliberal, que había gobernado en las últimas décadas. Para las elecciones presidenciales del 2 de febrero de 2014, el candidato del Frente Amplio, José María Villalta, encabezaba las encuestas de forma tal que los sectores más conservadores, con el respaldo de Estados Unidos, desataron una agresiva campaña en su contra, acusándolo de chavista, castrista, danielista y comunista; calificativos, utilizados en un sentido negativo, que exacerbaron las tendencias conservadoras y anticomunistas de importantes sectores de la sociedad costarricense, terminando por colocarlo, a pesar de todo, a un decoroso tercer lugar con el 17% de los votos, sobre todo, si tomamos en cuenta que en los comicios del 2010 esta fuerza obtuvo el 0.6%; además de un aumento de sus diputados de 1 a 9, en un congreso unicameral de 57 escaños.
El pasado 6 de abril, se vivió una segunda vuelta electoral de trámite, también inédita. Ante el retiro del ex candidato oficialista Johnny Araya, del Partido Liberación Nacional (PLN), determinado por su derrota en la primera vuelta ante el desastroso gobierno de la ex presidenta Chinchilla, el universitario Luis Guillermo Solís, que se opuso al tratado de libre comercio en el 2007, refrendó su victoria bajo las siglas del centrista Partido Acción Ciudadana (PAC), y hoy es presidente de Costa Rica.
La mayor ascendencia de la izquierda en la región centroamericana se ubica en El Salvador, con el reciente triunfo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), abanderando al último de los comandantes guerrilleros como candidato presidencial, Salvador Sánchez Cerén. Con el antecedente de un período de gobierno del FMLN, que llevó a la presidencia al periodista de corte socialdemócrata Mauricio Funes, ahora el Frente gana sin alianzas importantes fuera de su órbita partidaria y con la fórmula completa de origen insurgente, tanto la presidencia como la vicepresidencia.
Las coordenadas del rumbo político del nuevo gobierno encabezado por Sánchez Cerén se establecieron previamente a su asunción del pasado primero de junio, sobre todo por la conformación de su gabinete, integrado mayoritariamente por cuadros políticos del FMLN, como por sus giras al exterior, en las que además de encontrarse con los mandatarios de Guatemala, Panamá, Nicaragua, Honduras y República Dominicana, de variada postura ideológica, destacó la visita a Cuba, el pasado 12 de abril, y su reunión con el presidente Raúl Castro, lo cual define un posicionamiento político con perspectiva latino caribeña y una identidad revolucionaria y socialista; en esa visita se refrendaron los lazos políticos entre el FMLN y la revolución cubana. Posteriormente destacan las visitas a Venezuela, ya también como presidente, en las que además de suscribir diversos acuerdos comerciales de carácter bilateral, ha dejado clara su visión hacia el sur.
En el proceso de la integración continental, habrá que esperar si el nuevo gobierno del FMLN en El Salvador decide consolidar un proyecto latinoamericanista e incorporarse al ALBA-TCP, pese a las estructuras económicas neoliberales creadas durante las dos décadas que estuvo en el poder la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), período durante el cual firmó los tratados y acuerdos referidos, así como la dolarización de la economía que tuvo lugar en el 2001.
Dentro de este contexto regional, en Guatemala la izquierda ha estado relegada a reducidos márgenes políticos, desde que en 1996 la guerrilla firmó los Acuerdos de Paz que pusieron fin a un conflicto armado que dejó alrededor de 300 mil muertos en un período de 52 años. La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), en su primera incursión electoral en comicios presidenciales, en 1999, obtuvo un 12%, para luego disminuir a un 2.6% en el 2003, 2.1 en 2007 y un 3.2 en las últimas elecciones celebradas en 2011. No sólo se acentúa la división de la ex guerrilla, fragmentada en diversas organizaciones, sino también la hegemonía del conservadurismo en la sociedad guatemalteca que hizo posible, por la vía electoral, que el actual gobierno esté encabezado por un militar acusado de delitos de lesa humanidad durante la guerra en la década de los ochenta del siglo XX.
Panamá, por su parte, ha estado en los últimos años bajo el dominio de las fuerzas de derecha, que si bien han elevado los índices macroeconómicos, sobre todo a raíz de la recuperación del Canal de Panamá en el año 2000, también sobresale la aplicación del modelo neoliberal que ha generado una reacción popular a través de procesos de resistencia frente a la degradación de los derechos sociales.
En el plano regional, los gobiernos panameños de este inicio de siglo fungen como cómplices subalternos de Estados Unidos. Basta mencionar la amnistía que como último acto de gobierno, en 2004, concedió la ex mandataria Mireya Moscoso al terrorista cubano-americano Posada Carriles, detenido por un frustrado atentado que preparaba contra Fidel Castro en un recinto universitario, al igual que las intromisiones en el golpe suave puesto en práctica por la derecha en Venezuela este 2014, expresadas a través de la petición en la OEA de enviar una comisión a ese país suramericano, así como el ofrecimiento de su representación en ese organismo a la derechista ex diputada María Corina Machado, desaforada precisamente por haber pretendido representar a otro país sin permiso del congreso venezolano.
DOS PROYECTOS DE INTEGRACIÓN
Este es un contexto general de los cambios y nueva correlación de las fuerzas políticas por la que transita Centroamérica. No obstante los avances de la izquierda, es importante señalar el contraste con el estado actual de la integración en el resto de la región latinoamericana y caribeña. Sin duda, el Proyecto Mesoamérica y el DR-CAFTA, representan mecanismos de corte neoliberal, opuestos al espíritu soberanista que ronda en Suramérica, y que se expresa en la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), el ALBA-TCP y el reformulado Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba, Brasil y Argentina, destacan como protagonistas centrales de este esfuerzo regional y latinoamericanista. Además, existen otros organismos como el Banco del Sur, el Consejo Sudamericano de Defensa, Petrosur, PetroCaribe y Telesur.
De igual forma, se fortalecen mecanismos de cooperación económica y acuerdos comerciales bajo la perspectiva sur-sur. La iniciativa del BRIC (Brasil, Rusia, India y China), los acuerdos bilaterales con otras naciones, como Irán, las grandes inversiones de China y ahora Rusia en la región latinoamericana, y en particular en Cuba, la misma compra de armamento a Rusia por parte de Venezuela, implican también una recomposición geopolítica y geoeconómica de carácter estratégico que debilita la tradicional hegemonía estadounidense a nivel continental y fortalece al mismo tiempo la capacidad soberana de las naciones que han optado por este camino.
Pero el proyecto de integración actual que consideramos se encuentra a la vanguardia en la región, y tal vez a nivel mundial, es el ALBA-TCP, pues ha marcado una diferencia fundamental frente a los intereses del capital: se concibe para disminuir las asimetrías entre países, promueve el desarrollo social, sobre todo en salud y educación, y consolida la idea de la unidad latinoamericana y caribeña. José Antonio Hernández, señala al respecto:
La mayor ruptura con los escenarios precedentes de integración tienen lugar bajo el ALBA, que se diferencia del resto no sólo porque su foco no está en los temas comerciales, sino porque no se plantea alcanzar ninguna de las metas descritas por la teoría convencional de la integración (área de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión monetaria, aunque sí una moneda regional)… La oferta del ALBA nace de la evolución y desarrollo de la lucha contra el ALCA y de los cambios políticos ocurridos en la región que dieron sustento social a la propuesta… De ello se infiere que el ALBA constituye un compromiso político con la transformación del orden económico y social existente.
El ALBA-TCP en ocasiones se interpreta de forma errónea o dolosa. No es un simple mecanismo de trueque o intercambio de petróleo por médicos, como se da en particular entre Cuba y Venezuela, sino un acuerdo que los países miembros consideran necesario para alcanzar la justicia social y el desarrollo económico.
El contraste con esta vertiente de la integración latinoamericana y caribeña, aumenta con las aspiraciones de Costa Rica, Panamá, Guatemala y Honduras de ingresar a la Alianza del Pacífico, conformada por México, Colombia, Perú y Chile, y que constituye un espacio, tutelado por Estados Unidos, que busca mantener en América Latina las relaciones económicas y comerciales bajo los parámetros neoliberales. Precisamente uno de los requisitos para incorporarse a esta Alianza es tener un acuerdo de libre comercio con todos los países miembros.
En términos geopolíticos, Estados Unidos busca con la Alianza del Pacífico revivir el ALCA en el continente, a partir de la visión neoliberal de una integración que en realidad se plantea mantener el libre comercio y la hegemonía del capital, con lo que no sólo se profundizan las asimetrías existentes sino los niveles de pobreza y desigualdad que caracterizan a los países involucrados, tal y como puede constatarse con el caso mexicano.
De igual forma, la Alianza del Pacífico también pretende sabotear la otra visión de la integración latinoamericana, la independiente y emancipadora, y profundizar la división del subcontinente en dos grandes bloques, utilizando esta estructura fundamentalmente comercial para consolidar incondicionalidades políticas, y mantener bajo su control a gobiernos proclives a los intereses estadounidenses como son los de México y Colombia, además de los centroamericanos de Panamá y Honduras. Como ejemplo de ese control, está el reciente caso de México, con la acción de las derechas partidarias representadas en el Congreso de abrir por completo la inversión extranjera en la explotación de los recursos energéticos, a partir de una reforma constitucional que implica un grave retroceso histórico para ubicarnos prácticamente en condiciones propias de la época colonial.
En este contexto, a pesar del corto período en el que Honduras perteneció al ALBA-TCP, del 2008 al 2009, y la membresía plena que tiene Nicaragua en esa alianza desde 2007, las dinámicas centroamericanas están orientadas al libre comercio, según los intereses de Estados Unidos y las oligarquías de la región. Miles de pequeños y medianos empresarios han desaparecido, y las perspectivas de un desarrollo productivo e independiente son prácticamente nulas en las actuales circunstancias. Esta ruta de la integración económica y comercial sólo ha profundizado el nivel de dependencia con el mercado estadounidense y, por consecuencia, no se ha traducido en ningún beneficio social. Los altos índices de violencia, desempleo, pobreza, marginación y migración, reflejan esta compleja realidad en un territorio que ya alcanza los 50 millones de habitantes.
Además de esta adhesión incondicional a las políticas neoliberales impuestas por Estados Unidos y por los grupos oligárquicos locales, el territorio centroamericano también ha sido puesto a la disposición de los intereses militares del imperio. En el 2010, la entonces Secretaria de Estado del gobierno de Obama, Hillary Clinton, suscribió con los presidentes de la región la Iniciativa de Seguridad Regional para Centroamérica (CARSI), a partir de la cual se instalan los Centros Operativos de Avanzada (FOL) del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y los Centros de Seguridad Cooperativa (CSL). Históricamente esta región ha sido un espacio de bases militares estadounidenses como las de Panamá, que en la actualidad cuenta con 12, mientras que en Costa Rica hay dos, Belice una, El Salvador una y Honduras tres.
RETOS E INTERROGANTES
Quedan interrogantes importantes para la discusión, sobre todo en relación a los impactos que ha dejado este período de adhesión centroamericana al libre comercio y sus diversos mecanismos, así como el desastre social que ha originado y la profundización de la dependencia económica al capital transnacional. Rescato tres cuestionamientos que planteaba Alfredo Guerra-Borges hace una década pero que siguen vigentes:
¿Se perseverará o se rectificará la concepción errónea de la estrategia centroamericana de los últimos decenios? ¿Se llegarán a convencer los gobiernos centroamericanos de que las promesas de éxito, estabilidad y desarrollo que les prometieron el FMI y el Banco Mundial, coreados por el BID, no se han cumplido en los quince años del Consenso de Washington? ¿Qué es lo que ha quedado, sino la ruina económica, del modelo neoliberal más acabado de América Latina (Argentina)?
En torno al segundo cuestionamiento, es un hecho que una parte de la clase gobernante en Centroamérica sabe perfectamente que las directrices neoliberales no solamente han fracasado, sino que además han profundizado el nivel de pobreza de sus pueblos, situación reflejada por ejemplo en el grave problema de la migración. Sin embargo, todo parece indicar que no les interesa esta realidad y continúan sustentando su fervor cuasi religioso en el modelo neoliberal y sus mecanismos de libre comercio, pues sin duda muchos de estos políticos actúan bajo una cultura servicial frente los intereses del imperio. Para entender la causa de la actuación de este tipo de gobernantes centroamericanos, Atilio Boron, citando un artículo de Marco Gandásegui, hace referencia al ex presidente panameño Ricardo Martinelli diciendo que "es un típico producto de la estrategia de penetración económica y cultural de Estados Unidos en América Latina: educado primero por los sacerdotes lasalleanos de Panamá, su grado universitario lo obtuvo nada menos que en la Staunton MilitaryAcademy de Virginia, un nido de ultraderechistas, racistas y nostálgicos del KuKluxKlan… realizó sus estudios de Maestría en la INCAE Business School, un programa de formación de cuadros gerenciales promovido por el mismísimo presidente John F. Kennedy en el marco de la Alianza para el Progreso e instalado en Costa Rica en 1964, un año después que el ya por entonces extinto presidente visitó ese país. No sorprende, por lo tanto, su obsequiosidad para con sus mentores espirituales y, ¿por qué no?, también materiales".
Pensando en las alternativas, resulta importante avanzar en una relación más profunda entre los parámetros de la integración y los proyectos nacionales, como se da de forma más avanzada en el ALBA-TCP. Pero ello también incluye valorar la misma concepción del desarrollo, tema sobre el cual existen importantes debates en la región en todas las disciplinas sociales. Refiriéndose al bloque de naciones con gobiernos que impulsan una nueva tendencia de integración, José Antonio Hernández critica que "hoy por hoy, la mayoría de estos gobiernos es progresista y defiende fuertes discursos integracionistas, pero a la vez mantiene viejas formas de nacionalismo, apelando a modelos de desarrollo convencionales de base extractivista, cayendo en competencias en los mercados globales y en disputas fronterizas por el manejo de los recursos naturales" y, seguramente respaldándose en las ideas de Raúl Prebisch, añade: "no se puede plantear una 'unión' entre países, si todos ellos exportan materias primas hacia los mercados globales y en la práctica no tienen políticas productivas comunes".
Las fuerzas progresistas y revolucionarias en Centroamérica deberán optar por esquemas de integración en el que se privilegie la visión del desarrollo social, el intercambio solidario entre pueblos y gobiernos, con la meta de disminuir lo más posible las asimetrías y, sobre todo, entender que el imperio estadounidense se encuentra en un proceso de declive histórico, por lo que en su lugar debe prevalecer, como lo planteaba el presidente Hugo Chávez, la multipolaridad y la fuerza de las relaciones sur-sur frente a la tradición hegemónica del norte. La existencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), mecanismo que sin duda terminará en el mediano plazo de convertir a la pro-estadounidense OEA en un cascarón, constituye una prueba fehaciente de esta realidad.
Los retos son múltiples, pero la reconfiguración política centroamericana muestra que sectores importantes de los pueblos de esta región están tomando conciencia de la necesidad de resistir y luchar por la vía del avance de las izquierdas partidarias y a través de la consolidación de los movimientos populares contra hegemónicos. La unidad y convergencia de estos actores y la congruencia anticapitalista de quienes gobiernen, permitirán otros aires para la integración en la Centroamérica del siglo XXI.
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El autor es profesor e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.
Febrero de 2015.
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