Por Sergio Rodríguez Gelfenstein:
La invasión a Venezuela ya tiene fecha: 23 de febrero de 2019. Si no se llama así, ¿de qué manera se puede denominar la entrada por la fuerza a un país en contra de la voluntad de su gobierno, de sus fuerzas armadas y de la aplastante mayoría del pueblo?, sobre todo cuando las operaciones en terreno las dirige el Almirante Craig Faller Jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y cuando quien funge como comandante en jefe es el presidente del país militarmente más poderoso del mundo, teniendo como lugartenientes a dos personajes con dudosos pasados democráticos: el primero, Sebastián Piñera, presidente de un país cuyo gobierno tiene su principal base de apoyo en un partido pinochetista e Iván Duque, elegido con el apoyo del partido del paramilitarismo, los falsos positivos, la represión y la muerte en los últimos años en Colombia.
Si el plan de Estados Unidos se concreta (escribo este artículo hoy viernes 22 de febrero), mañana se iniciará una guerra en la región que como todos los conflictos bélicos se sabe cuando comienzan, pero no cuando terminan, pero de lo que si se tiene seguridad es de que al final dejan un reguero de cadáveres que poco importan a Estados Unidos, porque en tiempos recientes no son sus hijos los que van a al combate.
Así, también, los promotores de la guerra contra Venezuela, deben saber que una intervención armada en el país, estaría legitimando la lucha armada en todo el continente si los latinoamericanos se hacen eco del pensamiento bolivariano que sentenció que “La patria es la América”. La región se transformaría en un gigantesco campo de batalla en la que las bases y el personal militar de Estados Unidos se convertirían en objetivo bélico para las fuerzas libertarias. Imagino que eso lo saben Piñera y Duque.
En lo que a Venezuela respecta, en virtud del artículo 337 de la Constitución, el presidente de la República podrá decretar un estado de excepción, restringiendo temporalmente las garantías consagradas en la Constitución “salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles”. Esto lo deben saber los señores de la oposición, que ya no podrán solicitar una intervención militar extranjera con la libertad que hasta ahora lo han hecho. Debe quedar claro que Venezuela no es Colombia y que la Constitución se respetará incluso en caso de guerra.
Además, en virtud de lo que establece la Carta Magna en su artículo 326: “La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil”, lo cual significa que el pueblo organizado y armado en milicias asumirá responsabilidades en el mantenimiento del orden interno y en la defensa de la Patria. Todos esperamos que el pueblo y sus organizaciones actúen en el marco de la ley con paciencia y prudencia, sin embargo, los enemigos internos y externos del país, deberán también asumir sus obligaciones si actúan al margen del decreto de estado de excepción, entendiendo que algunas de las libertades democráticas estarán suspendidas.
Este es un escenario probable, también lo es que toda la parafernalia anti venezolana no pueda concretar la invasión ya preparada. Es sabido (lo hemos dicho en artículos anteriores) que el objetivo más estratégico del gobierno de Estados Unidos es avasallar el derecho internacional y el sistema multilateral encargado de mantener la paz en el mundo, lo cual le permitiría cometer todos sus desmanes sin mayor contrapeso en cualquier lugar del planeta
Han tenido que salir los propios movimientos de la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja a explicar los fundamentos y principios que regulan la imparcialidad, neutralidad e independencia de su accionar y las características de la ayuda humanitaria, para hacer entender que la operación militar organizada por Estados Unidos no constituye una misión de esas características.
Ante la evidente manipulación mediática, el jefe del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, Christoph Harnisch se sintió obligado incluso a salir en defensa del término cuya manipulación podría tener incalculables repercusiones en el futuro. Harnisch expuso que para ellos era “importante que realmente haya un respeto para el término humanitario y un respeto para los principios, eso es fundamental” explicando que por esta razón, no iban a participar en lo que para ellos no es ayuda humanitaria, al considerar que “hablamos de una ayuda que un gobierno decide”.
Por otro lado, en términos cuantitativos el monto de dicha “ayuda” es tan menguado que se puede comparar con el que concede el gobierno de Venezuela en un solo día a través de sus habituales programas de subsidios para la población más necesitada y acosada por el bloqueo económico. En el caso de Chile, se ha llegado a un ridículo mayor, la “ayuda” del pinochetismo asciende a alrededor de 150 mil dólares, un poco más que lo que costó la cancha de tenis que el presidente Piñera se construyó en terrenos públicos usurpados al Estado chileno. Tal vez hubiera sido mejor usar ese dinero para reparar el avión presidencial que dos veces tuvo desperfectos en su trayecto hasta Colombia, poniendo en riesgo la valiosa vida de personal militar y civil arrastrado a esa aventura que Piñera emprende de la misma manera que hizo al rescatar los 33 mineros, cuando no importaba la vida de ellos sino el armado de un gran show publicitario, que permita ocultar los desmanes cotidianos del pupilo de Pinochet. Vale decir que ese generoso monto que el gobierno de Chile está concediendo a Venezuela significa 0,0046 dólares para cada venezolano.
Sin embargo, hasta ahora no todo ha salido como Estados Unidos lo había deseado. En primer lugar, las fuerzas armadas brasileñas enfrentadas a Bolsonaro, se negaron a cumplir la orden de introducir la mercancía a la fuerza en Venezuela por lo que el gobierno de ese país se vio obligado a suspender la operación desde el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela. Otro tanto ocurrió con Curazao cuyo gobierno se negó a enviar la “ayuda humanitaria” hasta que “las autoridades de Caracas” (entiéndase el gobierno de Nicolás Maduro) conceda el permiso. Esto crea un escenario distinto que dejaría a Colombia como plataforma única de la invasión y colocaría a ese país como territorio incorporado al conflicto con todas las consecuencias que ello tiene.
Estos presidentes irresponsables que no saben nada de la guerra, la mayoría de los cuales incluso han evadido el cumplimiento de su servicio militar y que en casi todos los casos son cobardes, quieren involucrar a las fuerzas armadas y a sus pueblos en una aventura militar contra Venezuela creando una situación bélica en toda la región, sin importarles cuántos muertos, desaparecidos y mutilados puedan generar. Deben saber que tan pronto suene el primer disparo contra Venezuela, deberán ser tratados y perseguidos como criminales de guerra y enjuiciados en esa condición por los organismos internacionales. Habrá mucho trabajo para los abogados.
Lo mejor sería que prevaleciera la sensatez, se evitara la vía armada como supuesto mecanismos de “solución” de la situación de Venezuela y el diálogo y la negociación se impusieran por sobre cualquier método violento. Deben saber los opositores que no existen bombas tan inteligentes que sean capaces de impactar solamente los apartamentos de los chavistas en un edificio.
sergioro07@hotmail.com
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